Hoy hemos podido saber que la Fiscalía Anticorrupción investiga a la Candidatura d’Unitat Popular por los gastos que realizó en la campaña del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. La investigación es consecuencia de una propuesta de resolución presentada por C’s ya que las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios, a través del Parlament de Catalunya no pueden ser destinados a “sufragar actividades ilícitas”. Por ello ha sido citado un miembro del antiguo secretariado de la CUP. La acusación es por “malversación de caudales públicos”.
De esta denuncia se encargará la judicatura española, hija de la judicatura franquista. La misma que ha permitido el enriquecimiento vía sobresueldos de los jerarcas del PP, que jamás ha cuestionado los alojamientos en hoteles de lujo de los jerarcas de los partidos del régimen, que ha hecho la vista gorda ante las donaciones de empresas privadas o partidos políticos, que ha saldado el caso ERE con inhabilitaciones y sin condenas penales a antiguos presidentes de la Junta, que aún no ha descubierto quien es M.Rajoy.
El Estado español ante la rama institucional de l’Esquerra Independentista Catalana -la CUP- que es un movimiento sin patrimonio ni deudas bancarias, que se financia por las aportaciones de sus militantes, como no puede denunciar irregularidades decide cogerlas con pinzas. La acusación es de extrema gravedad porque:
1- Supone un nuevo acto de venganza contra el Movimiento de Liberación Nacional Catalán.
2 – Es un ataque a l’Esquerra Independentista que con sus consignas anticapitalistas y de independencia de los Països Catalans rompe el guión del régimen en el que solo cabe una derecha española autoritaria y chovinista (PSOE, PP, C’s) y una izquierda domesticada (UP, BNG, ERC, Eh Bildu) que no pretende tumbar el régimen y elige pacto en lugar de lucha.
3 – Si hubiera sentencia de malversación contra la CUP la única política que podrían hacer las organizaciones políticas es aquella que este dentro de los límites de la Constitución del 78, la libertad ideológica se quedaría en las ideas sin capacidad para intentar que se lleven a cabo. Una sentencia contra la CUP significaría que un grupo parlamentario andaluz que defendiera la independencia de nuestro país no podría gastar ni un euro en actos que supusieran dar pasos prácticos hacia esa independencia.
4 – Es una nueva vuelta de tuerca en la larga deriva autoritaria del Estado español.
La militancia de Nación Andaluza manifiesta su solidaridad con las compañeras de la CUP. En dicha campaña estuvimos participando e interviniendo en distintos actos de forma solidaria y , sin lugar a dudas, lo volveríamos a hacer.
Desde Nación Andaluza exigimos el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas judicialmente. Asimismo damos nuestro total apoyo a la CUP y a las organizaciones de l’Esquerra Independentista Catalana, porque defender el derecho a la independencia de los pueblos no puede ser delito.
¡Andalucía con Catalunya!
¡Por las repúblicas socialistas Catalana y Andaluza!
Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.
Andalucía, 24 de agosto de 2020.
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