Córdoba, la capital del Califato andalusí, fue conquistada por los invasores castellanos el 29 de junio de 1236. Su Mezquita Aljama, construida el 784, fue usurpada por Fernando III y consagrada como Catedral en 1238.
En marzo de 2006 el Cabildo Catedralicio de Córdoba inmatriculó (inscribió por primera vez en el Registro de la Propiedad) la Mezquita con el nombre de “Santa Iglesia Catedral de Córdoba” amparándose en dos artículos (el art. 206 de la Ley Hipotecaria y el art. 304 del Reglamento Hipotecario) de dudosa constitucionalidad, pues equiparan a la Iglesia Católica con una Administración pública y a los Diocesianos católicos con los fedatarios públicos. No bastándole a la Iglesia con la apropiación ilegal e ilegítima de un bien que ha sido siempre del pueblo cordobés (independientemente de haber sido usada para culto religioso cristiano unitario, musulmán o cristiano trinitario) está percibiendo actualmente unos ingresos anuales por la venta de entradas que al parecer rondan unos 20 millones de euros, por los cuáles ni declara ni tributa, superando los 2 millones de visitantes al año. La Iglesia ha convertido la Mezquita de Córdoba en un parque temático para turistas, rodeada de cadenas multinacionales de hostelería, donde ha destrozado patrimonio a su antojo, incluso modificando partes de su estructura y estética para el uso y disfrute de las hermandades y cofradías de Córdoba, intentando manipular su historia para adecuarla al relato nacionalcatólico por una de las diócesis más oscuras y con más poder económico-político del Estado español, como es el Cabildo de Córdoba, que se convirtió en el mayor propietario de inmuebles inmatriculados del Estado español, especialmente en los municipios de Córdoba y Aguilar.
La pobreza anclada es el riesgo de pobreza en la población de un determinado territorio. Andalucía tiene, dentro de su posición subalterna con respecto al resto del Estado español (como corresponde al papel que desempeña de colonia interna), casi todos los indicadores socioeconómicos en clara posición de desventaja. La tasa de pobreza anclada más alta de todo el Estado a nivel de provincia administrativa se da en Córdoba, al igual que la mayor tasa de paro, teniendo 5 de los 15 barrios más pobres del Estado.
La Iglesia Católica dio cobertura religiosa a la criminal conquista de Al-Andalus, de la que fue una de sus principales beneficiarias. Desde entonces, durante siglos, ha amparado la situación de explotación, desigualdad socioeconómica e incluso esclavitud de parte de nuestro pueblo, y ha sido la responsable de lo que hoy llamaríamos sin titubeos Crímenes contra la Humanidad, Genocidio o Etnocidio. El clima de terror generalizado en las capas populares andaluzas y el miedo a ser torturado y asesinado por parte de la Iglesia Católica ha dejado unas huellas indelebles en nuestro país. Creemos que es hora de pedirles cuentas y ya que no van a pagar como institución por los crímenes cometidos durante siglos, exigimos que al menos no sigan lastrando el futuro de los cordobeses.
Desde Nación Andaluza:
- Pensamos que el pueblo de Córdoba y el andaluz en general debe rechazar rotundamente la inmatriculación ilegítima de un bien que debe seguir perteneciendo al pueblo que lo construyó y lo ha venido usando durante siglos.
- Pedimos a la Junta de Andalucía que recupere la Mezquita de Córdoba y que se convierta en un centro de interpretación de nuestro rico pasado histórico, sin las tergiversaciones ni manipulaciones históricas a las que nos ha tenido acostumbrados el Cabildo Catedralicio de Córdoba.
- Consideramos además que el pueblo cordobés, que ha sufrido históricamente la marginación económica y una situación de pobreza endémica, debe ser el que se beneficie de los ingresos que supone la llegada de una ingente cantidad de turistas y visitantes a uno de nuestros monumentos más representativos, declarado Monumento nacional en 1.882 y Monumento Patrimonio de la Humanidad en 1.984.
¡Recuperación de la Mezquita de Córdoba!
¡La Mezquita de Córdoba para el Pueblo Andaluz!
XVI Asamblea Nacional de Nación Andaluza.
Córdoba, 3 de marzo de 2024.
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