El pasado 15 de octubre emitimos un comunicado valorando el Informe elaborado por la Intervención de la Junta, en el que se evidencia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había fraccionado contratos «en fraude de ley» que ahora están dilucidándose en sede judicial en función de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Por la gravedad de los hechos -que podrían alcanzar la suma de 428 millones €- creemos necesarios seguirlos y actualizarlos para que el Pueblo Trabajador Andaluz saque sus propias conclusiones.
En estos últimos días, la Fiscalía Anticorrupción ha ampliado la querella introduciendo en la misma contratos por un monto total de 24 millones € a empresas, clínicas y hospitales privados que habrían sido prorrogados de manera irregular en 2024. Por su parte, la Intervención de la Junta ha elaborado nuevos informes sobre los ejercicios de 2022 y 2023; en ellos denuncia nuevos contratos de emergencia sin concurso público a clínicas privadas. De esta forma la querella se amplía desde 2020 hasta 2024. Han sido imputados en la misma -de momento por prevaricación administrativa- la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y a sus dos predecesores: Diego Vargas y Miguel Angel Guzmán.
El gobierno de Moreno Bonilla está en shock desde el mes de marzo de 2023, cuando trascendieron los primeros datos del fraccionamiento de contratos. Entonces el portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, dijo que no prorrogarían ningún contrato más de emergencia pero mintió. Según los citados informes de la Intervención no solo los han renovado sino que han hecho nuevos contratos. Hay además un hecho demoledor e inquietante: la Intervención denuncia que no hay ninguna acreditación documental, en todo lo que se refiere a hospitales y clínicas privadas, de que los trabajos previstos en los contratos se hayan realizado. Es decir no hay constancia de cuantos pacientes derivados desde la sanidad pública han sido atendidos y qué pruebas e intervenciones quirúrgicas se les han realizado. ¿En qué se ha gastado ese dinero? Desde luego, el argumento de la Junta de que la transferencia de dinero público a la medicina privada era para terminar con las listas de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no queda acreditado documentalmente.
Digámoslo alto y claro. Basta de colas a las 6 de la mañana en los centros de salud para pedir cita con el medico de cabecera. Basta de listas de espera para pruebas y operaciones. Basta de transferir dinero público al sector privado… Frente a ello más personal sanitario, más material y aparatos electrónicos de diagnóstico, más quirófanos y, mientras no se construyen, más expropiación de clínicas y hospitales privados. Hay que llegar hasta el final y requerir al sector privado que ha recibido dinero público y no ha hecho “el trabajo” que lo devuelva. Es imprescindible:
- Una campaña de auditorías masivas del servicio de Intervención de la Junta al resto de consejerías a fin de comprobar si la práctica del fraccionamiento de contratos es generalizada.
- Un SAS de titularidad, gestión y provisión 100% públicas con prohibición por ley de las externalizaciones.
Dentro de este Estado español y su virreinato andaluz el panorama es claro: deterioro de los servicios públicos y políticos ineficaces y que defienden los intereses de los de arriba. Para la burguesía nuestra salud es mera mercancía para hacer negocio. Ahora más que nunca, solo la lucha por una Andalucía independiente y socialista, que supere las relaciones de propiedad capitalistas y la sobreexplotación asalariada nos permitirán dotarnos de una sanidad andaluza pública y de calidad.
¡Por una sanidad pública y de calidad en una República Andaluza de Trabajadoras!
Secretariado Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.
Andalucía, 21 de noviembre de 2024.
No hay comentarios:
Publicar un comentario