Desde Nación Andaluza queremos trasladar, en primer lugar, nuestro dolor, solidaridad y apoyo a las 45 víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, a sus familias y a todas las personas heridas. Ha pasado una semana desde que se produjera la mayor tragedia ferroviaria de Andalucía y consideramos que es la hora de valorar lo ocurrido. Esta tragedia no es un hecho aislado ni una fatalidad inevitable: es la consecuencia directa de un modelo político, económico y territorial que condena a Andalucía a la precariedad permanente.
El accidente de Adamuz vuelve a poner de manifiesto una realidad que el Pueblo Trabajador Andaluz conoce bien: la falta crónica de inversión del Estado español en los servicios públicos, y en particular en una red ferroviaria que se publicita como moderna y segura mientras se abandona su mantenimiento básico.
Durante años, los distintos gobiernos estatales han priorizado grandes infraestructuras pensadas para el negocio, la propaganda o la vertebración del centro peninsular, mientras Andalucía sufre recortes, retrasos y abandono sistemático. No estamos ante un fallo técnico puntual, sino ante el resultado de décadas de infrafinanciación, externalizaciones, privatizaciones encubiertas y falta de control público real. Cuando se deja de invertir en seguridad, en mantenimiento y en personal cualificado, los accidentes dejan de ser una posibilidad remota para convertirse en una certeza.
Este accidente tampoco puede entenderse al margen de las denuncias previas realizadas por las propias trabajadoras del ferrocarril. Meses antes de lo ocurrido en Adamuz, el Sindicato Ferroviario de la CGT denunció ante el Ministerio de Transportes estatal el grave deterioro de la seguridad ferroviaria, señalando la falta de mantenimiento preventivo, la obsolescencia de los sistemas de señalización y telecomunicaciones, el aumento constante de incidencias y descarrilamientos, así como la precarización y externalización de tareas esenciales. Estas advertencias, respaldadas por datos oficiales que hablan de miles de incidencias anuales y decenas de accidentes, fueron ignoradas por el Gobierno del Estado, demostrando que lo sucedido no fue un hecho imprevisible, sino la consecuencia de un modelo ferroviario liberalizado que antepone el negocio y el recorte de costes a la seguridad y a la vida de las personas. Para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero ya hay convocada una huelga del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios por las mismas razones.
La Junta de Andalucía, independientemente del color político que la gestione, también es corresponsable de esta situación. Su papel subordinado al Estado español se ha evidenciado en esta tragedia en la que poco ha dicho -a pesar de que el artículo 64.3 del Estatuto le atribuye participación en la planificación y gestión de las infraestructuras de titularidad estatal-. Su falta de confrontación real ante el expolio del capital y su aceptación del marco autonómico como techo político hacen de esta institución una mera gestora de la colonización de Andalucía. Una gestora incapaz —y muchas veces poco dispuesta— a defender los intereses del Pueblo Trabajador Andaluz. Ni siquiera han desarrollado el artículo 64.1.3. del Estatuto que establece la competencia exclusiva de transportes por ferrocarril cuyo itinerario se desarrolle en territorio andaluz.
Mientras se recortan o se infrautilizan recursos esenciales, se normaliza que Andalucía esté siempre en la cola: en inversión por habitante, en calidad de infraestructuras, en seguridad laboral y en servicios públicos. Esta normalización mata, y Adamuz es una prueba dolorosa de ello.
Desde Nación Andaluza afirmamos con claridad que solo con la independencia de Andalucía y la construcción de una República Andaluza de Trabajadoras será posible romper con este modelo de abandono. Una Andalucía libre del Estado español y bajo dirección obrera sí podrá decidir dónde, cómo y para quién se invierte, priorizando así la seguridad, el bienestar colectivo y las necesidades reales del Pueblo Trabajador Andaluz, y no los intereses de las élites económicas ni de un Estado que nos trata como territorio de sacrificio.
Una República Andaluza al servicio de la clase trabajadora permitiría:
- El control público y democrático de las infraestructuras estratégicas.
- Inversiones planificadas con criterios de seguridad, utilidad social y equilibrio territorial.
- Prevención real de accidentes mediante mantenimiento constante, empleo estable y cualificado, y transparencia.
La tragedia de Adamuz no puede quedar reducida a titulares, minutos de silencio o promesas vacías. Necesitamos verdades, la dimisión del ministro Óscar Puente y la consejera de Fomento y Articulación del Territorio Rocío Díaz y un cambio profundo de modelo. Y reafirmamos que ese cambio solo será posible con una Andalucía soberana y socialista, ese cambio solo llegará si hacemos realidad la República Andaluza de Trabajadoras.
Porque no fue un accidente inevitable: fue el resultado de las lógicas económicas de un sistema capitalista que nos impone el Estado español, que desprecia la vida del Pueblo Trabajador Andaluz.
¡Por nuestra seguridad, por nuestras vidas, independencia y socialismo!
¡Por la República Andaluza de Trabajadoras!
Secretariado Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.
Andalucía, 26 de enero de 2026.
