Nación Andaluza rechaza la excarcelación de varias personas condenadas por el llamado caso EREs. El caso de los ERES de Andalucía, como dijo en 2015 Manuel Chaves, «es un gran fraude». Esta trama consistió, brevemente, en aprovechar la creación de partidas presupuestarias para ayudar a empresas en crisis para realizar prácticas fraudulentas como:
-Subvencionar jubilaciones anticipadas en EREs en los que se introdujeron 126 personas en diversas empresas que no habían trabajado nunca en las mismas, los llamados «intrusos».
-Conceder subvenciones para creación de empresas que no se aplicaron a esos fines.
-Subvencionar a empresas que despidieron a trabajadores fijos para sustituirlos por otros con contratos temporales y sueldos más bajos. En todos estos casos los «conseguidores» cobraban comisiones.
-Comisiones indebidas cobradas por las compañías de seguros que gestionaban las prejubilaciones, puesto que por ley estas compañías deben garantizar el cobro de estas.
Las andaluzas desde 2011 hemos sentido este caso como un escándalo. Hemos tenido que ver como nuestro país se asocia al mayor caso de corrupción de Europa. Hemos visto con estupor como de 134 procedimientos judiciales abierto solo se han juzgado y sentenciado 17.
Y cuando empezaban a entrar responsables de este robo masivo al Pueblo Trabajador Andaluz en la cárcel, de pronto el Tribunal Constitucional empieza a excarcelar a algunos de ellos. La tesis que defiende el TC es que si hay una ley -los Presupuestos de Andalucía en este caso- quienes ejecutan lo recogido en esa ley no hacen nada ilegal. No habría, por tanto, malversación. Al Secretariado Permanente de Nación Andaluza nos parece un escándalo:
-Que de 680 millones de euros de dinero público defraudados se hayan recuperado menos de 12.
-Que después de 15 años de investigación aun queden 117 actuaciones judiciales pendientes de juicio y sentencia.
-El tufo a tongo que hay en las actuaciones del Tribunal Constitucional y el precedente que sienta de barra libre en el gasto cuando hay una partida presupuestaria.
-Que el PSOE saque pecho de las excarcelaciones y no se les caiga la cara de vergüenza mientras el PP -partido condenado por corrupción- quiere dar lecciones de algo.
Ante esta situación queremos expresar nuestra posición:
El caso ERE pone de manifiesto como a través de las subvenciones y la tan cacareada colaboración público-privada hay una masiva transferencia de dinero público al sector privado con un control muy laxo. Una laxitud que contrasta con el acoso administrativo que rige la concesión de ayudas sociales, por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital. El capitalismo no tiene bastante con explotar a la clase trabajadora a día de hoy, conseguir subvenciones y contratas públicas está en la agenda de todas las empresas junto a todo tipo de ingenierías financieras para elevar las tasas de ganancia.
La corrupción no se corresponde con actitudes individuales sino con una manifestación de los gobiernos oligárquicos del PSOE en Andalucía (sostenido por distintas muletas políticas) que ha aplicado políticas neoliberales y extractivas e instaurado una paz social ventajosa para la burguesía a base de comprar voluntades. De los gobiernos de Moreno Bonilla (PP) no esperamos resultados distintos puesto que está aplicando el mismo modelo.
Al Estado español, al gobierno manijero de la Junta y a la burguesía que lo sostiene le interesa una Andalucía narcotizada y alienada. Para ello han desplegado multitud de maneras distintas de corrupción; unas veces ajustadas a la legalidad y otras no. En este último caso lo denominamos corrupción pero todas ellas son antidemocráticas puesto que violan el derecho a autogobernarse del Pueblo Andaluz.
La corrupción es inherente a la opresión de Andalucía. Una opresión que se plasma en una alta desigualdad social, una renta per cápita que no supera el 75% de la media estatal, desempleo estructural, precariedad laboral… Es el necesario lubricante que facilita el funcionamiento del capitalismo y que suaviza las contradicciones entre los ritmos parlamentarios, las leyes que aún no se han adecuado a las necesidades de la burguesía y la creciente necesidad capitalista de aumentar sus tasas de ganancia sometiendo a las clases populares con la violencia, el robo y el engaño al margen de su propia legalidad.
Nación Andaluza no confía en la neutralidad de la judicatura española para arrojar luz sobre la corrupción profunda que el Estado español necesita desplegar en Andalucía para gobernarnos. El poder judicial no es más que la voz de sus amos de Madrid, Bruselas y Washington y no pondrá en riesgo su dominio sobre Andalucía. El pueblo trabajador andaluz debemos exigir a los juzgados que se pongan las pilas para recuperar el dinero robado y que todo lo que se recupere se devuelva a la Junta para que lo invierta única y exclusivamente en políticas sociales.
Contra la corrupción y los abusos ¡Recuperemos los 680 millones € robados!
¡Construyamos la República Andaluza de Trabajadoras!
Secretariado Permanente de la Comisión Nacional de Nación Andaluza.
Andalucía, 7 de julio de 2024.
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