El Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla ha admitido a trámite una demanda contra la Junta de Andalucía, instada por el PSOE, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Ante el gravísimo caso de corrupción que se denuncia desde Nación Andaluza consideramos en primer lugar que el Pueblo Trabajador Andaluz tiene derecho a tener una información rigurosa acerca de este asunto, más allá de los titulares y de la desinformación de Canal Sur.
Constatamos que este procedimiento deriva del informe de la Intervención de la Junta, publicado como consecuencia de la auditoria de las delegaciones territoriales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. Del mismo se desprende que de los 1.791,20 millones de euros en contratos formalizados en las cuatro delegaciones territoriales el año 2021 un 26,94% -es decir 458,3 millones de euros- se instrumentaron mediante “contratos menores”. De la muestra significativa de los contratos menores auditada se deduce que hubo «fraccionamiento indebido de contratos con las mismas empresas y por el mismo concepto». La ley permite saltarse controles de fiscalización y hacer adjudicaciones a dedo de manera excepcional y es supuestos de urgencia, los llamados “contratos menores”, con unos siguientes límites de 15.000 € (suministros y servicios), 40.000 € (obras) y 30.000 € (prestaciones asistenciales) según el caso. Y lo permite por un período máximo de un año en cada contrato, sin posibilidad de prórroga.
La Intervención constata en su informe que el abuso de “contratos menores” que conlleva que “un puñado de empresas elegidas a dedo obtiene pingües beneficios en detrimento de otras” y la eliminación de “empresas que compitan entre sí haciendo ofertas a la baja, lo cual habría repercutido en un considerable ahorro para las arcas publicas «. Y concluye que existe un fraude de ley pues estos contratos “en lugar de situaciones de urgencia cubren necesidades recurrentes y mantenidas en el tiempo por plazos superiores a un año». Como ejemplo está lo ocurrido en el SAS de Cádiz, donde se realizaron 102 contratos menores con Pfizer de 15.191,96 € cada uno para suministro del mismo medicamento sumando un montante de más de 1,5 millones €.
Desde Nación Andaluza y tras la revelación de esta información consideramos:
1º A la espera de las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer todos los extremos, se comprueba un despilfarro de dinero público en favor de empresas amigas del Partido Popular.
2º Solo podemos calificar como sangrante que en el Servicio Andaluz de Salud, en un momento en el que aumentan las listas de espera, cada vez cuesta mas obtener cita con la médico de familia, se transfiere dinero a la sanidad privada en forma de conciertos y en el que desde la pandemia se han despedido a 18.000 sanitarias se compre así a proveedores, pagando precios más altos de los que se habría pagado en caso de haberse hecho mediante concurso.
3º El gobierno de Moreno Bonilla -que ha incrementado la nómina de los altos cargos aumentando su número y con los sueldos más altos de la historia y que ha bajado impuestos- está gestionando la sanidad pública de todas las andaluzas como si fuera su cortijo. La vulneración sistemática de la Ley de Contratos Públicos genera sobrecostos que comportan una transferencia de millones de euros al sector privado.
Ante la gravedad de los hechos desde Nación Andaluza consideramos imprescindible:
- Una campaña de auditorías masivas del servicio de Intervención de la Junta al resto de consejerías a fin de comprobar si la práctica del fraccionamiento de contratos es generalizada.
- Establecer un importe anual máximo por “contratos menores” para cada grupo empresarial y que ello se incorpore en la ley de contratos públicos.
- Un SAS de titularidad, gestión y provisión 100% públicas con prohibición por ley de las externalizaciones.
Desenmascaremos a los partidos del Régimen del 78 al servicio del capital que deterioran los servicios públicos para desviar a la población hacia las empresas de la salud. Para la burguesía nuestra salud es mera mercancía para hacer negocio. Solo la lucha por una Andalucía independiente y socialista, que supere las relaciones de propiedad capitalistas y la sobreexplotación asalariada nos permitirán dotarnos de una sanidad andaluza pública y de calidad.
¡Por unos servicios públicos de calidad en una República Andaluza de Trabajadoras!
Secretariado Permanente de la Comisión Nacional.
Andalucía, 15 de octubre de 2024.
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