La República Andaluza de Trabajadoras que propone Nación Andaluza a nuestro pueblo debe tener un marcado carácter laico, donde las religiones no tengan influencia en la vida pública ni en las decisiones políticas de sus órganos. La Constitución Andaluza de Antequera del año 1883, que ya legisló sobre la cuestión religiosa, es la fuente en la que se inspira la militancia de NA para el correspondiente apartado de la ponencia política “El socialismo infantista, la vía andaluza al socialismo“, aprobada en su XIV Asamblea Nacional.
De acuerdo con dicho documento colectivo, la militancia de Nación Andaluza se siente heredera de la Constitución de Antequera, la cual establecía en su artículo 9 “La libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos” como elemento de la autonomía individual. No obstante, como desarrollaba el texto de 1883 en sus artículos 10 y 12, este derecho no debe ir acompañado de la existencia de organizaciones religiosas con poder económico a través de propiedades inmobiliarias, financieras, empresariales o bien por medio de subvenciones de grupos de presión locales o internacionales, al igual que otros de los privilegios con los que el Estado ha beneficiado a la Iglesia Católica, como la financiación pública, la educación, la sanidad y la caridad, ingredientes incompatibles con una sociedad laica, libre e igualitaria. Para las andaluzas del siglo XIX, la espiritualidad institucionalizada, jerarquizada, dogmatizada y ritualizada era una rémora para la consecución de la soberanía nacional y económica del pueblo andaluz, por lo que se ocuparon en solucionar este problema legislando al efecto de apartar a las organizaciones religiosas de la vida pública tanto en su vertiente política como económica.
Nación Andaluza, organización política que tiene en la Constitución Andaluza de Antequera uno de sus referentes ideológicos, pone en valor las concepciones que este texto fundamental de la historia de nuestro país reflejaba en torno a la cuestión religiosa. NA declara su vigencia, puesto que hoy, igual que en la época en que se redactó, permanecen de actualidad los mismos problemas relativos a la presencia en nuestra tierra de instituciones religiosas de diferente índole que no sirven a los intereses del pueblo andaluz, sino a los de las clases burguesas y de Estados extranjeros, lo que supedita la soberanía cultural e intelectual de nuestra gente a esos mismos intereses. De acuerdo con los principios ideológicos recogidos de las luchas populares de los siglos XIX y XX, Nación Andaluza propone la expropiación de todos los bienes de todas las organizaciones religiosas; la prohibición de recibir financiación pública, tanto de las instituciones andaluzas como de personas y organismos de fuera de Andalucía; la de que las órdenes religiosas abran centros de enseñanza y sanitarios; el ordenamiento y limitación del uso del espacio público para actos religiosos; la devolución de la Mezquita de Córdoba y de todo el patrimonio robado por la inmatriculaciones eclesiásticas. Al mismo tiempo se asegurará la libertad de culto, de manera que sean los ayuntamientos los encargados de proporcionar a las fieles de las distintas religiones los elementos materiales para que su derecho a la “espiritualidad” libre esté garantizado en la República Andaluza de Trabajadoras.
Andalucía, a 20 de febrero de 2018.
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