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| Cartel del acto que organiza la "Plataforma Andalucía por el derecho a decidir" el próximo martes 19 de febrero en Granada. |
En las últimas semanas estamos asistiendo al vergonzoso ejemplo de cómo usar la destrucción de las libertades personales y sociales de un pueblo para controlar todo un estado. La manera en que están siendo tratados los presos políticos es denigrante: se degradan sus derechos hasta límites absurdos de manera parcial y vejatoria (burlas de la policía, trasladados nocturnos con las máximas medidas…) y, además, se les aplican unas medidas excepcionales y absurdas de coacción (prohibir el color amarillo, quitar una revista satírica por ser políticamente incorrecta…).
Se está desarrollando un juicio manipulado con el único objeto de adulterar la información, ya desde antes del 1 de octubre de 2017. Para los partidos más reaccionarios del arco parlamentario, Catalunya es el enemigo político que usan en su día a día para manipular a las masas. En las últimas campañas electorales, así como de cara a las futuras, la represión contra los catalanes es el tema candente de su discurso. Pretenden convertir a un pueblo entero en el enemigo mítico de la propaganda, tal como EE.UU. hacía con el bloque soviético o los países islámicos. De este modo, Catalunya sirve de cortina de humo de sus tejemanejes, sus hurtos continuados y las reducciones de los derechos de la clase trabajadora a favor de unos pocos privilegiados. Como si de un circo romano se tratase, los derechos o los sentimientos de los ciudadanos no tienen ningún valor para nuestros gobernantes. Los usan y sacrifican para sacar el máximo provecho, con el vergonzoso regocijo de una parte de la población.
Afortunadamente, cada vez se alzan más voces en todo el territorio estatal contra la opresión sin sentido que se está llevando a cabo. El gobierno y la oposición se han crecido ante el aparente éxito de su campaña propagandística y de ocultación. Creen que las represiones contra las manifestaciones cada vez más habituales a favor de la liberación de los presos les tienen garantizado el silencio. Pero acallar la voz del que protesta jamás acaba con el descontento, sino agranda la frustración y el malestar. De manera creciente, los sectores reprimidos están uniendo sus manos con el pueblo catalán, que está teniendo un papel ejemplar de no dejarse domeñar. Actúan siempre dentro de los parámetros que consideran justos y sin ningún tipo de exceso ante un muro de silencio, vejaciones, violencia e injusticias de todo tipo.
No nos cabe duda de que el juicio que está iniciándose ya está completamente manipulado. Pero no podrán silenciar a los presos cuando hablen en el juicio. No podrán amordazar a toda la gente que quiere darles voz en la calle. Desde Andalucía, creemos sinceramente que necesitamos las libertades que merecemos todos, porque nos negamos a que se aplique esta opresión contra personas y pueblos inocentes. La maquinaria del estado español está decidida a aplicar una especie de artículo 155 a personas de manera individual como medida represora y de escarmiento. Un artículo que da carta blanca para hacer lo que el gobierno considere necesario. Un artículo heredado de la época más oscura de nuestro pasado reciente, de la misma constitución que afirma que la responsabilidad de la indivisibilidad de
España le corresponde al ejército, donde los derechos no tienen más peso que el que consideren los militares. Y así se emplea este poder contra gente pacífica e inocente que usan de cebo político para escarmentar a quienesquiera que se manifieste en la calle, que proteste de cualquier manera o exija un derecho propio que no se aplica, como el derecho al voto. Ya han mantenido a estos presos políticos más de un año en prisión preventiva. Ya han demostrado que no tienen miedo ni problema en atacar a la misma población que vive dentro de su estado, aunque esta actúe sin provocación ni violencia. Ahora pretenden usar todos los medios a su alcance, incluso los diplomáticos en última instancia, para manipular y perseguir a cualquiera que simplemente quiera pedir más democracia. No pueden encarcelar a todo un pueblo, pero intentan amedrentar a la mayoría sometiendo a sus líderes.
Desde la Plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir:
1. Pedimos la interrupción del actual juicio, el archivo de todas las causas relacionadas y la inmediata excarcelación de todos los presos políticos catalanes y el retorno de los exiliados con todas las garantías sociales y jurídicas.
2. Denunciamos la situación partidista y antidemocrática del juicio y del sistema que le respalda, puesto en marcha desde el gobierno y la oposición en un circo mediático contra los pilares políticos, sociales, culturales y nacionales del pueblo catalán
3. Exigimos el reconocimiento y aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, andaluz y de todos los países sin estado, estableciéndose las herramientas para realizar un referéndum con todas las garantías donde los catalanes puedan expresar su deseo, decisión que ha de ser reconocida y aplicada por el estado español.
4. Reclamamos la inmediata retirada de los cuerpos de represión españoles del territorio y las instituciones catalanas y, con ello, el cese de la represión contra todo tipo de derechos de los catalanes como herramienta de intimidación y control.
5. Denunciamos el uso partidista de medios e instituciones que están llevando a cabo nuestros dirigentes para violar los derechos más elementales de los presos y de todo el pueblo de Catalunya.
6. Expresamos nuestra simpatía por la causa de Catalunya y contra la pérfida máquina de manipulación de la opinión pública en contra de personas inocentes y a favor de la represión generalizada.
7. Manifestamos nuestro apoyo incondicional a todos los presos políticos del estado y nuestro rechazo a todo sistema que pretenda instrumentalizar a sus líderes.
8. Reclamamos sanciones a todos los niveles administrativos que han usado el escarnio y el agravio comparativo de la aplicación de reglas y leyes en todo el trato, confinamiento y traslado de los presos y de los votantes que han sido agredidos.
Plataforma Andalucía por el derecho a decidir.
Granada, 11 de febrero de 2019.
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