El pasado 12 de febrero, dos policías españoles apalizaban a un hombre cuando intentaba defender a su hija de 14 años de los comentarios sexistas de estos en Linares. La indignación popular provocó al día siguiente una manifestación espontánea que se saldó con 14 heridos, dos de ellos por arma de fuego, durante la actuación policial sin que las Fuerzas de Seguridad del Estado identificaran a los autores de los disparos. Un claro caso de encubrimiento de un delito habida cuenta de las imágenes y vídeos en los que se muestra qué agentes de la policía española dispararon.
Recientemente, el Juzgado mixto nº1 de Linares ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias por “uso desproporcionado de la fuerza” que denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ante la fiscalía.
El Juez, Antonio José Delgado, en un ejercicio de “imaginación novelesca”, justifica dicha decisión por el peligro que sufrieron los policías ante un intento de asalto de los juzgados e instalaciones policiales por parte de una muchedumbre que quería “linchar” a los dos policías detenidos por la agresión del día 12.
Estos hechos, tanto la actuación de los dos policías que apalizaban a un padre, como la actuación policial ante una manifestación popular en la que disparan con armas de fuego, así como la actuación judicial, es otra manifestación de la histórica impunidad policial española en Andalucía en la represión de movilizaciones y manifestaciones populares. No necesitamos retrotraernos a casos como el de Manuel José García Caparrós el 4D del 77. Basta recordar casos recientes como la tortura de una joven en Granada en junio de 2020, los dos jóvenes fallecidos en los calabozos de Algeciras en 2019, la muerte de Cristóbal en el calabozo de Jódar en noviembre, los 3 presos muertos en la cárcel de Botafuegos sólo en este año o las denuncias por abusos que semanalmente se conocen desde las prisiones y comisarías españolas en Andalucía. Una impunidad policial imposible sin la complicidad del poder judicial y ejecutivo burgués.
Teníamos razón cuando en el comunicado del 15 de febrero decíamos “nada esperamos de sus jueces, ni de sus comisiones de investigación, ni de su Policía” porque “los hechos nos vienen a recordar que Andalucía es una nación colonizada y el Pueblo Andaluz un pueblo sometido”. Ya anunciábamos entonces que los autores de los disparos que provocaron dos heridos de bala, no iban a ser condenados. La paulatina e imparable fascistización de las fuerzas represivas del Estado está motivada por la necesidad de arrebatar a la clase trabajadora andaluza el derecho de manifestación y de opinión.
Andalucía es una nación oprimida y solo el Pueblo Trabajador Andaluz organizado puede constituir un contrapoder capaz de hacer frente a las instituciones del Estado oligárquico español. Los días 13 y 14 de febrero la gente de Linares fue ejemplo de firmeza para toda Andalucía, y eso asusta en Madrid. Ante la deriva autoritaria del Estado, solo con la autoorganización popular andaluza y el ejercicio de la autodefensa podremos hacer frente a la oligarquía y sus Fuerzas de Seguridad. Sólo así conseguiremos una verdadera democracia donde las andaluzas no seamos tiroteadas por protestar contra cualquier abuso.
¡Basta de violencia policial!
¡Fuera la policía española de Andalucía!
Permanente de la C. Nacional de Nación Andaluza.
Andalucía, a 28 de agosto de 2021.
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