El pasado 16 de marzo el Gobierno estatal aprobó un Decreto Ley denominado de “Medidas Urgentes para la Ampliación de Derechos de los Pensionistas, Reducción de la Brecha de Genero y Establecimiento de un Nuevo Marco de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones». Este decreto convalidado por el Congreso estatal el pasado 30 de marzo tiene una cínica denominación, pues ninguna de las medidas garantiza estos objetivos y algunas van justamente en sentido contrario. Son medidas que cumplen con las estrategias que el Régimen del 78 siempre ha tenido en cuanto a las pensiones: incrementar lo menos posible la remuneración de los pensionistas, introducir recortes para los pensionistas futuros e imposibilitar por todos los medios las pensiones de incapacidad permanente. Hay cinco grandes concesiones del PSOE-UP a la oligarquía con esta reforma de las pensiones:
1º En referencia a la “Ampliación de los Derechos de los Pensionistas» se estipula que las pensiones mínimas contributivas en 2027 equivalgan al 60% de la renta media de un hogar de 2 personas. Para las pensiones mínimas con cónyuge a cargo pasarían de 966,20 a 1.178,50 €. Las mínimas con cónyuge no a cargo pasarían de 783 a 973 euros. La trampa de la pretendida ampliación de derechos es que se alcanzará el 60% de la renta media en 2027 tomando como base no la renta de 2023. Arrastrando así un retraso estructural de 4 años. Además, teniendo en cuenta la inflación previsible de aquí a 2027 los 1.178,50 € de entonces quedan por debajo de los 1.200 euros que reivindica el movimiento pensionista como pensión mínima.
2º Por lo que hace referencia a las pensiones no contributivas y la reducción de la brecha de género se introducen dos elementos positivos, pero enormemente limitados y cuya finalidad parece más bien propagandística. En el caso de las no contributivas se establece que sean el 75% del umbral de pobreza. Pasan así de los 484 €/año a los 592 en 2027 pero no se garantiza el derecho a que la pensión mínima equivalga al 60% de la renta media, tal y como prescribe la Carta Social Europea. Por lo que respecta a la brecha de género se toma la medida positiva de que las lagunas de cotización de las mujeres (derivadas de dejar de los cuidados familiares) se computarán para el cálculo de la pensión. La limitada mejora que puedan comportar estas dos medidas para las mujeres y las pensiones no contributivas se verá contrarrestada -para todas las pensionistas- por el aumento del periodo de cálculo de 25 a 29 años (descontando los dos peores) que será opcional hasta 2040 y obligatoria de manera paulatina entre 2041 y 2044.
3º En relación al “Nuevo Marco de Sostenibilidad de las Pensiones Públicas” sigue sin existir un destope de la base máxima para que se cotice por el salario real de cada trabajador mientras se obliga a la clase obrera a aumentar sus cotizaciones hasta el 0,2% en 2029 convirtiéndonos -también en este aspecto- en perjudicados por la reforma.
4º En 2025 la “evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social» será revisada por la AIREF (Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal). Y a partir de 2025 la revisión será cada 3 años. Un elemento nada halagüeño ya que la AIREF tiene como objetivo hacer cumplir el artículo 135 de la Constitución (reformado por Zapatero y Rajoy para que recogiera que el pago de la deuda pública como desembolso prioritario del Estado).
5º No recogen la concreción de una auditoría a la Seguridad Social, a pesar de estar recogida en la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, vigente desde el 1 de enero de 2021. Una auditoría a la que el gobierno estatal se resiste sabedor del saqueo al que se ha sometido el sistema.
El régimen del 78 no prevé la garantía de las pensiones ni su revalorización. Las pensiones no son un derecho fundamental. La Constitución española trata las pensiones como principios rectores, es decir, que cada gobierno las regula como les venga en gana, ayudados por los centros mediáticos de poder que difunden la idea de la insostenibilidad del actual sistema de pensiones. Insostenibilidad motivada por existir ya menos de dos cotizantes por pensionista (proporción que disminuye al aumentar la esperanza de vida y disminuir el número de trabajadores (al menos en lo países del centro y la semiperiferia)), por la innovación tecnológica y científica, por la introducción de nuevas tecnologías, por la digitalización y robotización, etc.
Hay que indicar que precisamente la innovación tecnológica y científica, introducción de nuevas tecnologías, maquinas, la digitalización, robotización, etcétera, lo que hace es incrementar exponencialmente la productividad, la creación de riqueza, la riqueza producida por trabajador y por hora trabajada. Y la cuestión a decidir precisamente es a dónde va esa inmensa riqueza, si a la acumulación de capital o a los derechos sociales como las pensiones, precisamente para los que ha dedicado una vida a crear esa riqueza.
Por ahora esa inmensa riqueza que genera la clase trabajadora y está aumentando exponencialmente está yendo a la acumulación de capital, como reflejan todos los estudios que ponen de manifiesto el incesante y abismal incremento de la desigualdad. El Estado puede también obtener recursos para las pensiones de los presupuestos generales, aplicando de manera real y efectiva el principio de progresividad fiscal:
- Incrementando la contribución de las rentas del capital, invirtiendo la situación actual en que la mayoría de lo recaudado proviene de las rentas del trabajo y no de las del capital.
- Incrementando la presión fiscal sobre las grandes empresas, empresas del IBEX y grandes capitales, que en la actualidad son los que menos pagan en proporción a sus beneficios o directamente no pagan.
- Persiguiendo y erradicando el fraude y la elusión fiscal de las multinacionales, tecnológicas, los grandes capitales, fortunas y empresas que no tributan en nuestro país y lo hacen en paraísos fiscales, incluso a pesar de que tengan su negocio y beneficio en el Estado español.
- Poniendo fin a los privilegios fiscales de la Iglesia Católica que no está obligada a abonar múltiples impuestos y tasas.
Luchamos contra la explotación asalariada, el Estado español y el capital. Las pensiones de las andaluzas son de media de 126,46€ menos que la media del Estado español y de las más bajas de la Península. Pero mientras conquistamos una Andalucía libre y socialista que erradique de raíz esta situación hemos de tener presente que el sistema de pensiones no es un privilegio, es un derecho ganado por la clase trabajadora al que no podemos renunciar. Esta reforma estatal del sistema de pensiones es una nueva concesión del gobierno PSOE-UP a la oligarquía, exigimos:
- Jubilación a los 60 años.
- Derogación de la reformas de las últimas dos décadas.
- Pensión mínima de 1.200€.
- Subida de las pensiones con el IPC.
- Inclusión en los presupuestos del Estado de la financiación de la S.S.
- Periodo de cálculo de las pensiones de jubilación en base a los 15 mejores años de vida laboral.
¡El sistema público de pensiones no se toca!
En defensa de nuestras mayores ¡dignas pensiones!
Andaluzas en Pie, Permanente de la Comisión Nacional de Nación Andaluza y secretaría federal colegiada del Sindicato Unitario de Andalucía.
Andalucía, 9 de abril de 2023.
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