En el marco del dislate que impera en la gestión sanitaria en el Estado español, donde se mezclan la salud pública y los intereses económicos de la oligarquía -con un predominio aberrante de estos últimos- en cuanto a las medidas adoptadas, el miércoles se anunciaba un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad español y el gobierno de Madrid. Este implicaba no sólo a Madrid, sino a Andalucía y todos los territorios del Estado español con respecto a las restricciones de movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes a causa del Covid-19. Ayer, dicho acuerdo era rechazado y replanteado en una reunión de un consejo denominado “Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. Ante estos hechos desde Nación Andaluza queremos expresar:
1º En este 2020 hemos visto como varios pilares fundamentales del Estatuto llamado “de Autonomía” de Andalucía de 2007 han sido primero suspendidos en marzo y ahora ignorados. El carácter de la relación entre Andalucía y el Estado no es el de un pacto entre iguales, sino el de una supeditación política -por derecho de conquista- con las consecuencias económicas y culturales subsiguientes para el Pueblo Trabajador Andaluz. La descentralización administrativa del Estado nada tiene que ver con la soberanía política de Andalucía que consiste en la autoridad plena de un pueblo sobre sí mismo. El artículo 1º de la Constitución Andaluza redactada en 1883 decía que Andalucía “no recibe su poder de ninguna autoridad exterior”. Nada que ver con la Andalucía estatutaria actual en la que se deciden toda suerte de asuntos que afectan a la vida de las andaluzas en Madrid, Bruselas o Washington.
2º Las quejas del consejero de sanidad, Jesús Aguirre, no sirven para sacar brillo a su lamentable gestión. Desde Nación Andaluza ya pedimos su dimisión el año pasado, a raíz de la crisis de la listeriosis, y desde entonces lo hemos hecho varias veces. Cuando Aguirre deje de ser consejero la salud de las andaluzas irá un poco mejor por la simple razón de que él no estará tomando decisiones en este ámbito.
3º La lamentable gestión sanitaria del gobierno delegado de la Junta (PP-C’s-Vox) se difumina entre los dimes y diretes de las distintas administraciones del Estado, deseosas por pasarse las responsabilidades de unas a otras volviendo a demostrar como en la democracia española poco importa la salud de los pueblos trabajadores. En cuanto a la Junta, cuya autoridad emana de una cesión de competencias del Estado y no de la voluntad del Pueblo Andaluz, las carencias presupuestarias, la mala gestión y la puesta a disposición de las empresas privadas de la administración sanitaria pagada con el dinero de todas las andaluzas -tanto en el Servicio Andaluz de Salud como en otros muchos ámbitos- son manifiestas.
4º Hoy en un ámbito tan fundamental como el sanitario -y en todos los demás- hemos de concluir que sin soberanía no hay autonomía. Lo ocurrido nos demuestra una vez más que Andalucía no tiene autogobierno ni soberanía política alguna. Justo cuando necesitamos una gestión soberana que tenga los más altos niveles de eficacia para combatir la pandemia, las limitaciones de todo tipo que impone la legislación estatal y unos políticos al servicio de la oligarquía que gobiernan al Pueblo Trabajador Andaluz desde la Junta.
5º Ninguna de las medidas adoptadas por las administraciones central o autonómica serán efectivas si no se revierte la tendencia a la privatización de la sanidad y se invierte en una sanidad pública, especialmente en el aumento de centros de atención primaria y en la contratación de personal sanitario como única forma de control y seguimiento de la enfermedad.
¡Sin soberanía no hay autonomía!
Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.
Andalucía, 2 de octubre de 2020.
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