viernes, 18 de octubre de 2019

La protesta en las calles de Granada no puede ser criminalizada.


Ante los acontecimientos y declaraciones que se han hecho públicas tras la concentración del miércoles 16 contra la sentencia del Procés y por el derecho a decidir, la plataforma 'Andalucía por el Derecho a Decidir', como organizadores de dicha concentración, manifestamos lo siguiente:
1. La concentración frente a la subdelegación del gobierno había sido comunicada el 8 de octubre y autorizada en tiempo y forma. Dicha concentración, como así recogen los medios de prensa escrita de Granada y agencias de noticias y medios del resto del Estado español, transcurrió sin ningún tipo de incidentes o altercados por parte de sus integrantes (pese a las provocaciones de un pequeño grupúsculo de extrema derecha que se congregó frente a la misma), citando estos medios fuentes de la propia policía, que certificaban tal desarrollo pacífico.
Una vez leídos los comunicados y tras quedar desconvocada la concentración por parte de los organizadores a las 20:39, gran parte de la misma decidió, de forma espontánea, salir en manifestación. Esto no es un hecho excepcional, y se ha repetido en varias ocasiones cuando la asistencia a las concentraciones supera lo previsto.
Pese a no ser los organizadores de dicha manifestación, desde la plataforma Andalucía por el Derecho a Decidir saludamos cualquier tipo de manifestación no violenta y el derecho de la ciudadanía a expresarse y reivindicar en las calles.
2. Consideramos inadmisibles las declaraciones públicas que el alcalde de Granada realizó en Twitter al conocer la concentración: ("Me avergüenzo de estos provocadores que han intentado trasladar el odio de los comandos separatistas en Cataluña a las calles de Granada. España, nuestro país. Gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad que protegen a los ciudadanos ante quienes practican la violencia").
Es inconcebible que el alcalde de una ciudad se avergüence de que sus ciudadanos se manifiesten de forma no violenta en la ciudad. Mal que le pese al Sr. Salvador, en un estado que debería ser democrático, la libertad de expresión y manifestación deberían estar garantizadas. ¿No sería quizá que lo que incomodaba al alcalde era el motivo de la manifestación? ¿El hecho de que en Granada se defienda el derecho de los y las catalanes a decidir si quieren mantener o no su vinculación con el Estado y la monarquía española? ¿El hecho de que en Granada se denuncie, como ya han hecho observadores de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la falta de garantías del juicio político al que hemos asistido? ¿La deriva autoritaria y antidemocrática de un estado que tiene encarcelado a parte de un gobierno elegido en las urnas por el mero hecho de poner urnas? ¿Que en Granada se denuncie una sentencia que podría calificar como sedición una sentada para parar un desahucio?
Avergüéncese Sr. Salvador de los continuos cortes de luz en la zona norte, de que los hosteleros de la ciudad no contraten conforme a convenio (cuando contratan), de la escasez y altos niveles de contaminación del transporte público de la ciudad, de la escasez de escuelas infantiles públicas en Granada, de las ratios ilegales en los centros educativos de la ciudad, de los desahucios y de tantas injusticias que no parecen inmutarle a usted. Eso sí es motivo de vergüenza, y no que los ciudadanos se manifiesten de forma no violenta.
3. No podemos más que condenar el hecho de que el alcalde pidiera una actuación policial contundente en lugar de "ponerse de perfil". ¿Qué pretendía el Sr. Salvador? ¿Prefería golpes, enfrentamientos, quizá que alguien perdiera un ojo también en Granada a consecuencia de las pelota de goma de la policía? ¿Era eso preferible a una manifestación no violenta? ¿Es que no son suficientes para el Sr. Salvador los heridos que hay ya en Cataluña?
4. Denunciamos también las declaraciones de la subdelegada del gobierno en Granada, que amenaza con abrir un expediente a los organizadores de la concentración. La actitud autoritaria y la voluntad de reprimir cualquier protesta y movimiento social de la Sra. López Calahorro es ya conocida en la ciudad, lo que ya ha dado lugar a numerosas denuncias y protestas y ha valido a la subdelegada recientes concentraciones de colectivos sociales y sindicales ante la sede que preside para poner en conocimiento de los medios de comunicación la arbitrariedad y autoritarismo que guían a la Sra. Subdelegada. Sin embargo ¿no hay en este caso también una discriminación ideológica por el motivo de la manifestación?
¿Amenazó también la Sra López Cachorro con abrir expedientes tras las manifestaciones que tuvieron lugar en diciembre cuando las derechas ganaron las elecciones andaluzas? En ese caso como quien perdía el gobierno era su partido quizá las manifestaciones no le molestaban tanto. Denunciamos la voluntad manifiesta, tanto del alcalde como de la subdelegada del gobierno en Granada, de reprimir cualquier manifestación en apoyo a las y los presos políticos catalanes y por el derecho a decidir así como los intentos de criminalización de las mismas.
También queremos poner de manifiesto que responderemos con querellas y denuncias ante los tribunales de justicia y la opinión pública a cualquier tipo de expediente sancionador que se fabrique con el único fin de reprimir, una vez más, a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la ciudad de Granada que no comulgamos con el ‘pensamiento único’ que parecen compartir Salvador y López Calahorro.

En Granada a 18 de octubre de 2019.

La Plataforma ANDALUCÍA POR EL DERECHO A DECIDIR está compuesta por:
USE (Unión Sindical Estudiantil), IZAR (Izquierda Anticapitalista Revolucionaria),
PCPA (Partido Comunista del Pueblo Andaluz), Lucha de Clases, Jaleo!!, NACIÓN ANDALUZA, SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras) y las Marchas de
la Dignidad.

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