Unos 100 agentes de los cuerpos especiales de la guardia civil, a las órdenes del subdelegado del gobierno en Granada Antonio Cruz, han acompañado la mañana del 3 de septiembre a las máquinas que están destrozando el Río Castril a su paso por Cortes de Baza. Con total impunidad y recordando épocas pasadas, se han enfrentado a una marcha pacífica que contaba con niños, mujeres, personas mayores... Y cuyo único propósito es la defensa de sus tierras de cultivo y del río Castril.
Estas obras, que fueron declaradas de emergencia por Real Decreto 1419/2005, de 25 de Noviembre, no se deben realizar, ya que la Sentencia de 24 de noviembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, declara dicho Decreto Nulo de pleno Derecho. Las administraciones provinciales ignoran dicha sentencia y están dispuestas a la culminación de unas obras totalmente innecesarias, ya que no son urgentes -se ve cuatro años después del Decreto-, no son necesarias, ya que en Baza sobra agua y, además, hay varias alternativas más baratas y sin daños ambientales ni sociales para llevar el agua que demandan a Baza. Este empecinamiento en realizar unas obras sin sentido y con grandes costes ambientales y económicos (10,5 millones de €) revela una miopía política indigna de los que dicen llamarse representantes del pueblo y que, por lo menos en lo que respecta a Cortes de Baza, distan mucho de serlo.
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