No existe ninguna justificación de estas obras habida cuenta de que las mismas no cuentan con el apoyo de buena parte de los vecinos afectados, que sostienen una lucha ejemplar desde hace años en defensa del río Castril, ni con el aval de la propia legalidad vigente que ya ha declarado nulo el RD 1419/2005 por el que se declaraban de emergencia estas obras. Además ya se ha destapado la existencia de otros proyectos alternativos menos costosos y sin las repercusiones ambientales que tienen estas obras, que ya han afectado a varios yacimientos arqueológicos y al entorno natural del río Castril, incluyendo su vegetación con varias especies protegidas.
Para Nación Andaluza teniendo en cuenta de todas estas circunstancias estas obras no se pueden defender desde el interés colectivo de los vecinos, sino desde intereses individuales que buscan beneficiarse usurpando el patrimonio colectivo de los vecinos del Altiplano Granadino y de todos los andaluces, su patrimonio natural.
Desde Nación Andaluza denunciamos por último la actitud del subdelegado del gobierno español en Granada, Antonio Cruz, que avala la ejecución de unas obras ilegales y envía a sus Fuerzas de Seguridad con el único fin de amedrentar a los vecinos defendiendo los intereses de algunos particulares y empresarios. En tiempos de crisis y recortes brutales de inversiones en educación, sanidad o medioambiente a Antonio Cruz le sobra el dinero para movilizar numerosas unidades especiales de la Guardia Civil para enfrentarse a ancianos, mujeres y jóvenes vecinos afectados por unas obras injustificadas e ilegales.
Ante la gravedad de los hechos y la desproporción de las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas para contener a un grupo de pacíficos vecinos exigimos la paralización de las obras así como la dimisión del subdelegado del gobierno español en la provincia, Antonio Cruz.
Asamblea local de Nación Andaluza.
Granada, 7 de septiembre de 2010.
Granada, 7 de septiembre de 2010.
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