jueves, 27 de abril de 2017

La Intervención General subraya como perjudicial externalizaciones como las del metro de Granada


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Tal y como publica hoy la prensa ( ver aquí ) la auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de la Alhambra ha señalado como “graves irregularidades” y pérdida de fondos públicos las externalizaciones realizadas en varios servicios del Patronato. Estas irregularidades se deben a la explotación externalizada (como se ha hecho con todos los servicios y necesidades del metro de Granada) de dos servicios y productos, además del de las audioguías, que ya se investiga en sede judicial. Se trata de la venta de aceite y productos derivados de las aceitunas del Generalife y la gestión de las tiendas de productos de la Alhambra.
El informe destaca estos otros negocios en los que, al igual que en el alquiler de las audioguías, el Patronato de la Alhambra resultaba claramente perjudicado en favor de las empresas o personas adjudicatarias de la externalización. Dicha externalización además supone el primer paso hacia una privatización definitiva que supondría la entrega a empresas privadas de patrimonio y fondos públicos que en el caso del metro de Granada ya han alcanzado en su construcción los 558 millones de euros.
El modelo de externalizaciones perjudica a la administración pública
En el caso de la Alhambra tenemos un ejemplo de como podría muy bien ser el futuro del metro. Las adjudicaciones de los contratos iniciales en la Alhambra están salpicadas de irregularidades (según el informe presentado al Juzgado), pero además se van introduciendo con el tiempo modificaciones acordadas que añaden más beneficios a las ya inicialmente ventajosas condiciones obtenidas por las empresas contratistas.
El interventor de la Junta hace especial y detallada referencia a las “graves irregularidades” de los contratos de producción y comercialización de las aceitunas de la Alhambra y sus derivados. Tal y como denunciamos anteriormente en el caso del metro de Granada las numerosas relaciones entre el PSOE y las más importantes empresas adjudicatarias (Alstom, Ferrovial…) también en la Alhambra se dieron las “amistades peligrosas”. La explotación del aceite de la Alhambra comienza en 2008 con la entrega de toda la cosecha a E. P.-C., una persona que ya tenía relación con el Patronato porque ese mismo año se convirtió en el adjudicatario del servicio de comercialización de la Alhambra.
La auditoría destaca el importante “desequilibrio” de este contrato, porque “el Patronato incurre en gastos importantes de recogida y transporte de aceituna y el beneficiario no tiene ningún gasto fijo porque ni siquiera se le obliga a comercializar el aceite”. Obtiene la cosecha completa “de forma discrecional y gratuita” y el derecho a explotar la marca. Tenía que pagar solo un canon variable en función a las ventas que el propio contratista declarara anualmente, puesto que no había control ni seguimiento por parte de los responsables de la Alhambra, como pone de relieve el informe.
Además, los costes de envasado o etiquetado que en principio correrían a cargo de la empresa privada, al final también acabaron repercutiendo en el Patronato, que licitó otros pequeños contratos adjudicados a la misma sociedad, para pagar esos gastos.
El otro contrato que la auditoría destaca por el importante “menoscabo” económico para el Patronato es el de la explotación de las tiendas de la Alhambra. Fue adjudicado en 2009 a la empresa de Barcelona Laietana de Llibreteria SL, que presentó una oferta a primera vista tan favorable que la mesa de contratación la puso en duda por “desproporcionada”. Eran 75.000 euros de canon fijo y un canon variable de entre el 12,5% y el 14%. Según el informe de la auditoría, la empresa pasó al Patronato costes y se aplicaron compensaciones por encima de las permitidas. Según las cantidades señaladas, las deducciones irregulares sumarían 419.464 euros.
El malestar sobre la gestión y puesta en marcha de un metro privatizado y que hará subir el transporte urbano se ha plasmado en una petición pública de firmas a través de una plataforma virtual (pinchar aquí para acceder) que solicita la gestión pública del metro y una auditoría del Tribunal de Cuentas que aclare porqué el metro ha doblado su coste inicial.
Carlos Ríos para La Otra Andalucía

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