La sentencia del pasado martes en la que el Tribunal Supremo del Estado español rectificaba sentencias anteriores, dictaminando que los gastos por tasas de las hipotecas deben ser pagados por los clientes de los bancos, no nos ha producido ninguna sorpresa.
Nación Andaluza viene denunciando desde hace tiempo el carácter continuador del Régimen del 78 con el franquismo, siendo el Poder Judicial un órgano heredado de la Dictadura y especialmente “infectado” por jueces y funcionarios adictos al antiguo Régimen y sumisos a los intereses de las clases dominantes.
Para Nación Andaluza con esta sentencia, se pone de manifiesto la inexistencia de la separación de poderes, base formal de la democracia burguesa y principio de su teoría del Estado. La sorpresa que en medios jurídicos ha causado la noticia por ser en teoría difícilmente encajable en la legalidad actual pone de manifiesto como el Estado elude cumplir sus normas cuando los intereses de la burguesía lo necesitan. Como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones, el “poder económico” determina la configuración de la sociedad y las relaciones entre clases, siendo el poder judicial y el ejecutivo unos simples garantes y manijeros de los intereses de bancos y grandes empresas frente a las clases populares.
Hemos visto como en los últimos años, con la crisis como excusa, han aumentado los beneficios empresariales mientras disminuyen salarios, se precariza el empleo, se sustituye empleo fijo por empleo temporal; se recortan los gastos en políticas sociales, sanidad y educación, aumentando las diferencias económicas entre las élites económicas y las clases populares.
A las clases populares nos han obligado a asumir las deudas contraídas por las entidades bancarias, pagando el multimillonario rescate a la banca; hemos pagado con recortes la corrupción política, millones de euros que los partidos del Régimen del 78 han detraído de las arcas públicas para financiar sus campañas electorales y financiar sus redes clientelares; hemos sufrido los desahucios de millares de familias trabajadoras que no han podido pagar sus hipotecas por pérdidas del puesto de trabajo, con las terribles consecuencias en muchos casos del suicidio.
Esta sentencia del Tribunal Supremo es un nuevo caso de “terrorismo económico” contra las clases trabajadoras y populares, un nuevo caso del trasvase de rentas de las clases más desfavorecidas hacia las clases dominantes.
Por todo esto nos reafirmamos en la idea del Estado español como una mera estructura de acumulación de capital a costa de la explotación de la clase trabajadora y del empobrecimiento de las clases populares. Otra España no es posible; un cambio de gobierno sin un cambio en las estructuras de poder solo puede llevarnos a la desilusión y el hastío. Hoy necesitamos más que nunca retomar las riendas de nuestras vidas, destruir la estructura de poder que se llama “Estado español” y recuperar la independencia para construir una sociedad libre, independiente, sobre la soberanía nacional de Andalucía y la soberanía económica de la clase trabajadora.
La solución está en nuestras manos, en la capacidad de lucha y autoorganización de la clase trabajadora y sus organizaciones: partidos y sindicatos rupturistas constituidos en vanguardias de lucha contra las agresiones del capital.
¡Recuperemos nuestras vidas!
¡Nacionalización de la banca!
¡Hacia la liberación de Andalucía!
Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.
Andalucía, 8 de noviembre de 2018.
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