Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha dado el visto bueno a la tramitación del proyecto que regula los regadíos de cinco zonas del condado de Huelva, principalmente en las localidades de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
La ley impulsada por PP y Vox busca legalizar cultivos hasta ahora ilegales de dichos municipios y reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas de dichos municipios onubenses para que los agricultores que posean fincas puedan utilizar el agua de Doñana. Se estima que su aprobación sea definitiva antes de agosto.
Un estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, indica que casi el 60% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han llenado desde 2013. El 80% de estas se secaron antes de lo previsto debido a las altas temperaturas y la escasez de agua.
Desde Nación Andaluza mostramos nuestro rechazo a la propuesta de ley de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana: la proposición de ley es una violación a la labor de conservación de más de 54 años, que ha conseguido otorgar un reconocimiento internacional a un espacio declarado Parque Nacional (1969), Red Natura 2000, ZEPA y Patrimonio Natural por la Unesco.Esta propuesta de ley de regadíos atenta contra la biodiversidad y su aprobación conllevaría duras consecuencias para las especies más simbólicas tanto de la fauna como de la flora. De seguir en la misma situación, el acuífero del Parque Nacional de Doñana pronto sufrirá los impactos producidos por la desertización y la pérdida de calidad del suelo.
La proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox de 2022 para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Natural es prácticamente la misma que se tramita ahora. Ninguna recoge dos datos clave: ni el número exacto de hectáreas susceptibles de recalificar como suelo de cultivo regable ni el volumen de agua necesario para garantizar ese riego. PP y Vox han ofrecido varias cifras, pero siempre con estimaciones. En esa intervención, Arjona detalla por primera vez que “de las 1.600 hectáreas que quedaron fuera del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana [el llamado Plan de la Fresa], se reconocería el derecho de aguas superficiales a 748 hectáreas”.
Que en Huelva hay agua embalsada y que los pantanos de la provincia no están en una situación tan crítica como otros de Andalucía es algo que vienen defendiendo los líderes de Vox, del PP onubense y el propio presidente de la Junta, poniendo el acento en la necesidad de que el Ejecutivo central ejecute las infraestructuras hidráulicas pendientes (evidenciando así nuestra ausencia real de soberanía para acometer políticas del agua propias): la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre…. Esto, claro, no depende sólo del Ejecutivo andaluz, responsable de la cuenca Tinto, Odiel y Piedras sino del Gobierno central -que amputó del estatuto de 2007 las competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir- y que aunque ahora se niega sabemos que acabará satisfaciendo las expectativas ecocidas de los pequeños y medianos agricultores que se beneficiarán de la recalificación.
Desde Nación Andaluza rechazamos la ley anti-Doñana y animamos a nuestra militancia y simpatizantes a participar en todas las movilizaciones y actos de protesta contra esta ley. Es injustificable que por razones electorales y caciquiles se ponga a Doñana, su entorno, flora y fauna, en tan grave peligro.
Doñana es patrimonio del pueblo andaluz, ¡Doñana no se toca!
Permanente de la C.N. de Nación Andaluza
Andalucía, 14 de Mayo de 2023
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